Acuerdo sobre comercio de servicios amenaza educación pública
La IE ha enviado una circular a sus afiliados informándoles acerca de negociaciones en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que amenazan con privatizar servicios públicos como la sanidad y la educación.
El T rade in Services Agreement(TISA por sus siglas en inglés),resulta de negociaciones realizadas por parte de algunos países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El objetivo es dar una mayor liberalización al comercio de servicios.
Inicialmente propuesto por Estados Unidos y Australia a principios de 2012, TISA surgió en respuesta al punto muerto en el que se encontraban las negociaciones comerciales de la OMC y con el objetivo de expandir el AGCS.
Así, dicho acuerdo tiene por objeto proporcionar garantías jurídicamente vinculantes a inversores y empresas para acceder libremente a los mercados de los países.
Se trata de crear igualdad de condiciones para los inversores extranjeros y nacionales y garantizar que los Gobiernos no hagan discriminaciones entre los proveedores de servicios del sector público y del sector privado.
A lo largo de 2012 se mantuvieron conversaciones preliminares con las partes en las que acordaron que éste no debía ser un mero acuerdo entre participantes, sino convertirse en parte integrante del sistema de la OMC. Las negociaciones formales comenzaron a principios de 2013. Los participantes tienen como objetivo llegar a un acuerdo a lo largo de 2014.
En junio de 2013, los participantes en las negociaciones del acuerdo TISA eran Australia, Canadá, Chile, China Taipei (Taiwán), Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República de Corea, Suiza, Turquía y la Unión Europea.
La educación pública puede incluirse en TISA TISA pretende ser un acuerdo amplio, sin exclusión de los sectores de servicios. Por lo tanto, todos los sectores de servicios serían potencialmente cubiertos, incluidos servicios públicos como sanidad y educación.
“La educación sigue siendo uno de los sectores menos cubiertos por el AGCS por la preocupación, legítima, de que la liberalización del comercio puede constreñir la habilidad de los gobiernos para suplir y regular una educación pública de calidad”, reza la circular de la IE.
“Sin embargo, los grupos de presión del sector privado y varios países han estado presionando para obtener más y más compromisos.”
TISA tiene por objeto desarrollar el acuerdo AGCS que contiene una exención general para los “servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales”.
Sin embargo, esta excepción es muy estrecha y está abierta a interpretaciones contradictorias, ya que estos servicios se definen como aquellos que no se suministran en condiciones comerciales ni en competencia con otros proveedores.
La comercialización de la educación pone en peligro la calidad Asimismo, la IE advierte de que la inclusión de los servicios educativos en los acuerdos comerciales puede afectar negativamente a la capacidad de las autoridades públicas para garantizar la calidad de la educación impartida.
TISA, como el AGCS, tiene por objeto promover el libre comercio de servicios, garantizando mercados abiertos para todos. Sin embargo, mediante la concesión de un acceso a los mercados sin restricciones a todas las empresas extranjeras en el ámbito educativo, los gobiernos podrían abrir efectivamente la puerta a una ola de proveedores de una calidad cuestionable.
“La IE está vigilando activamente las negociaciones y las conversaciones relacionadas con el acuerdo TISA para ejercer presión a favor de una extensa exclusión de la educación y de otros servicios públicos”, afirmó el Secretario General de la IE, Fred van Leeuwen.
“Estamos trabajando estrechamente con la Internacional de Servicios Públicos para desarrollar más investigación y análisis encaminados a demostrar por qué TISA es negativo para los servicios públicos.”
La IE ha llamado a sus afiliados nacionales a hablar con los funcionarios públicos responsables de la cuestión TISA en sus países y explicar por qué la educación y otros servicios públicos deben quedar excluidos del acuerdo.
Para los afiliados de los países que son miembros de la OMC, pero que no participan en el acuerdo TISA, la IE aconseja reunirse con los funcionarios competentes para obtener garantías de que no van a incorporarse a las negociaciones.
