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“La financiación de la igualdad de género se preconiza en numerosas ocasiones, pero se practica en muy pocas” declaró la secretaria general adjunta de la IE, Jan Eastman, ante los participantes de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, el pasado mes de marzo.

Si bien los indicadores más recientes muestran un progreso general en el desarrollo de las capacidades de las mujeres, sus oportunidades laborales y en los órganos decisorios todavía se encuentran muy rezagados. Los sindicatos que promueven la autonomía de la mujer se enfrentan a retos globales: la desigualdad y la falta de una financiación pública de la educación; la gran preocupación sobre la falta de acceso a los alimentos, agua limpia, higiene y asistencia sanitaria; y a la crisis del cambio climático.

Desgraciadamente, la crisis financiera mundial ha puesto en grave peligro el cumplimiento de la agenda por la igualdad. El año 2008 ha sacado a la luz la debilidad del modelo de globalización actual. Los gobiernos han proporcionado cientos de miles de millones de dólares para salvar a los bancos y las instituciones financieras mientras que, al mismo tiempo, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio sólo recaudó 16.000 millones de dólares para acabar con la pobreza. La agencia de la ONU para la agricultura y la alimentación apenas ha conseguido recaudar 8.000 millones de los 15.000 millones de dólares que se necesitan para afrontar la crisis alimentaria de dólares. Lo mismo ocurre con la inversión en la agricultura para ayudar a los pequeños agricultores.

Con la crisis actual, es todavía menos probable que los gobiernos economicen recursos adicionales para alcanzar los principales Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la educación universal y la autonomía de la mujer. Según el Banco Mundial, el logro del Objetivo 3, relativo a la igualdad de género y la autonomía de la mujer, requiere 13.000 millones de dólares al año y para lograr el Objetivo 2, relativo a la educación básica universal, se necesitan al menos 16.000 millones.

Hace 30 años que los países occidentales ricos prometieron conceder al menos un 0,7% de su PIB a la ayuda exterior, pero sólo los países nórdicos y los Países Bajos están cumpliendo con su compromiso. Si todos los países industrializados cumplieran sus promesas, los recursos se duplicarían y se podría financiar los ODM.

La crisis financiera, junto con el aumento de los precios de los alimentos y el hambre consiguiente, especialmente en los hogares donde las mujeres son cabeza de familia, ha puesto de relieve ahora más que nunca la injusticia de la pobreza y la desigualdad mundial. Las promesas se deben respaldar con las acciones y medidas necesarias.

¿Quedan esperanzas en una situación de semejante magnitud?

Ante esta cruda realidad, las organizaciones de docentes siguen adoptando políticas para fomentar la participación de las mujeres, en igualdad de condiciones, en puestos directivos y abogar firmemente por unas políticas integradas que faciliten la autonomía de las niñas y las mujeres a través de una educación de calidad y un trabajo decente.

La IE considera que para acabar con la pobreza y lograr la igualdad de género es primordial disponer de una educación de calidad accesible, universal, gratuita y obligatoria hasta la edad laboral y unos servicios públicos de calidad como el agua, la higiene, la vivienda y la asistencia sanitaria.

La educación de calidad para todas las niñas y las mujeres es la primera clave para romper el ciclo de la pobreza entre las mujeres, con todas las violaciones de los derechos humanos que conlleva. Las mujeres no lograrán su autonomía y reclamar su derecho a participar plenamente en la sociedad hasta que reciban una adecuada formación.

Es alarmante el hecho de que se necesiten 18 millones de docentes más para lograr la Educación para Todos en 2015. Las políticas integrales de los gobiernos relativas a la igualdad de género deberían incluir disposiciones para una educación de calidad proporcionada por docentes cualificados y un trabajo decente.

De hecho, la falta de un empleo decente conduce a las personas a un pozo sin fondo cuyas consecuencias recaen sobre los más débiles, en la mayoría de los casos las mujeres. El desempleo, el subempleo, los trabajos improductivos y de baja calidad, la imprevisibilidad de los salarios, la ausencia de derechos sindicales, la falta de una negociación colectiva, la explotación de los niños, los inmigrantes y los refugiados, los trabajos peligrosos: todos estos factores conllevan la erosión del contrato social fundamental que une a las sociedades democráticas. Un ejemplo reciente es Zimbabue, donde el colapso general del país ha tenido unas consecuencias devastadoras en el sector de la educación.

Las organizaciones de docentes trabajan por la igualdad

La IE y otras federaciones sindicales están trabajando para garantizar que se protejan, respeten y cumplan los derechos de las mujeres, y que sus voces se escuchen en sus sindicatos nacionales y órganos regionales, y en las instituciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Comisión sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW)

Muchas organizaciones de docentes han tomado iniciativas para incrementar la presencia de las mujeres en sus órganos de toma decisión. Por ejemplo, este año, el sindicato de docentes indonesio PGRI enmendó su constitución para imponer un mínimo de 30% de mujeres en su dirección y todos los puestos de toma de decisión del sindicato. PGRI se inspiró en las buenas prácticas compartidas en la Asamblea de Mujeres de la IE celebrada en 2007.

Los sindicatos de docentes también luchan por la autonomía de la mujer mejorando sus capacidades sindicales con la ayuda de las redes regionales de mujeres de la IE (véase el cuadro).

En los foros nacionales e internacionales, los sindicatos instan a los gobiernos a ampliar e intentar atraer una mayor inversión con la ayuda de las políticas adecuadas: asignar fondos a la educación y la formación profesional, oportunidades de trabajo decente, asistencia sanitaria de calidad, medidas contra la corrupción y apoyar unos servicios públicos de calidad. La estrategia de la oposición por entablar una lucha por el capital reduciendo los estándares laborales irá en detrimento de toda la población y especialmente de los más débiles y los más pobres.

Los sindicatos también mantienen que la transparencia y la responsabilidad de las políticas de igualdad son fundamentales. Ello significa que todas las políticas deben incluir claros objetivos de género, establecidos tras el acuerdo con las mujeres líderes y sus organizaciones, así como procesos de toma de decisión, el seguimiento de los presupuestos de género y su implementación, y las evaluaciones de género justas.

Necesitamos un liderazgo transformado de hombres y mujeres que se comprometan plenamente a la justicia de género. Sólo así se podrá romper el ciclo de la feminización de la pobreza y la explotación tanto en los sistemas educativos como en los lugares de trabajo.

Por Rebeca Sevilla

Este articulo fue publicado en Mundos de la Educación, No. 28, Diciembre 2008.