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Educadores denuncian a Pearson por financiar a la lucrativa Bridge International Academies

publicado 8 mayo 2018 actualizado 19 junio 2018

Activistas de educación, docentes y líderes sindicales de todo el mundo acudieron a Londres a pedir a los accionistas presentes en la Junta General Anual de Pearson el fin de la financiación de Bridge International Academies, una empresa con ánimo de lucro que se enriquece engañando sobre la educación de miles de niños y niñas en situación de riesgo.

Entre quienes mostraron mediante protestas públicas su apoyo a una educación pública de calidad y gratuita para todos y todas había representantes de la Internacional de la Educación, así como de National Education Union (NEU), AFT, UCU, UNISON y Global Justice Now.

Asimismo, como observador del procedimiento, se encontraba Amos Muhinga Kimunya, Vicepresidente del Comité Parlamentario sobre la Educación en Kenia.

Al anunciar el cierre de estos centros educativos, las autoridades de Kenia y Uganda han argüido que la empresa no había solicitado registrarse para poder operar, no había contratado a docentes cualificados, no se había ajustado a los requisitos del plan de estudios nacional y había hecho uso de instalaciones no seguras. Bridge ha respondido con un procedimiento judicial contra quienes critican a la empresa, en un intento de silenciar sus voces.

En la junta, Angelo Gavrielatos, de la Internacional de la Educación, y Kevin Courtney, Cosecretario General de National Education Union (NEU) se enfrentaron al Director General de Pearson, John Fallon, que afirmó que dejar de apoyar a Bridge no entraba en los planes de Pearson.

«Todos los niños tienen derecho a una educación gratuita y de calidad con docentes formados y en un entorno de aprendizaje seguro. Bridge explota este derecho para lucrarse, y en el proceso ofrece una educación deficiente, aumentando así la desigualdad en las comunidades a las que “atiende”. No hay forma de defender la inversión de Pearson en este modelo de negocio explotador», declaró Kevin Courtney.

Falta de credibilidad de Pearson

En respuesta a la preocupación de la IE, el Director General de Pearson, John Fallon, afirmó que su empresa había investigado estos asuntos con Bridge y que estaba satisfecha con la respuesta recibida.

«Es asombroso que Pearson haya ignorado las decisiones del ministro de educación y de otras autoridades educativas de las naciones soberanas, situando a Bridge por encima de la ley. Es la peor forma de neocolonialismo», sentenció Gavrielatos, añadiendo que «el hecho de que Bridge ignore e incumpla las leyes de Kenia y Uganda no parece afectar a Fallon en absoluto».

Estuvieron presentes también docentes de Alemania, Suecia y Estados unidos, entre otros países, para expresar su solidaridad con los manifestantes y enviar mensajes al Director General de Pearson. «Bridge International Academies no está en condiciones de trabajar por el cumplimiento de los objetivos educativos aceptados comúnmente», apuntaló Johanna Jaara Åstrand, Presidenta de Lärarförbundet (sindicato de docentes sueco).

Los docentes en Alemania mostraron su acuerdo con la oposición al abono de tarifas y a la oferta educativa deficiente que promueve Bridge. «Nosotros escogemos la educación pública de calidad con docentes cualificados y un dividendo digital que libere a las mentes jóvenes», explicó Nick Strauss, de GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft).

Bridge es una de las empresas educativas con ánimo de lucro más grandes del mundo, y de aquí a 2025 pretende vender servicios de educación básica de pago de forma directa a diez millones de estudiantes. El plan de negocio de Bridge se basa en la contratación de empleados no cualificados para enseñar un plan de estudios completamente guionado y estandarizado en instalaciones deficientes.

A pesar de su pulido márketing, la empresa se sirve de técnicas de reducción de costes cuyo objetivo es minimizar los costes operativos para maximizar el beneficio. Tanto en Uganda como en Kenia se ha ordenado el cierre de centros educativos de Bridge por el incumplimiento de los requisitos jurídicos y educativos nacionales por parte de la empresa.