El 10º Congreso Mundial de la Internacional de la Educación (IE) reunido en Buenos Aires (Argentina) del 29 de julio al 2 de agosto de 2024:
Rememora el sólido papel que ha desempeñado la IE a la hora de abogar por soluciones climáticas. En el marco de los 7º y 8º Congresos Mundiales de la Internacional de la Educación, celebrados en julio de 2015 y julio de 2019 respectivamente, se adoptaron las siguientes resoluciones:
El clima de la Tierra está en peligro y, como ciudadanos y ciudadanas, nuestro deber para con las generaciones futuras es proteger nuestro planeta y ayudar a construir un futuro sostenible y resiliente para todos y todas. Las investigaciones han demostrado que el aumento de las temperaturas globales se sitúa, como mínimo, entre un 1% y un 1,12% por encima de la media preindustrial, y se calcula que el aumento de las temperaturas globales alcanzará o superará el crítico punto de inflexión de 1,5 °C de aquí a 2035.
La emergencia climática mundial que nos afecta es producto de la actividad humana asociada a un modelo socialmente injusto y medioambientalmente insostenible. Este modelo, basado en el extractivismo, la producción y el consumo, acelera la destrucción de la biosfera, incrementa la desigualdad social y compromete la vida de las futuras generaciones.
Las consecuencias adversas del cambio climático están repercutiendo cada vez más en el medioambiente y en la vida de estudiantes y educadores y educadoras.
Pese a ser los menos responsables de sus consecuencias, el cambio climático va a tener repercusiones significativas para la salud, el bienestar, el aprendizaje, la seguridad y las perspectivas económicas de los y las jóvenes.
Los pueblos indígenas, las comunidades de color, las comunidades urbanas y rurales con escasos recursos, las niñas y las mujeres y las personas con discapacidad son los/las que más acusan los efectos climáticos adversos y sufren de forma desproporcionada los problemas de escasez de agua, tormentas extremas, calor sin precedentes y otros problemas.
Todos los países se ven afectados negativamente por el calentamiento global. Sin embargo, determinados países de África, Oriente Medio y el Sudeste Asiático y pequeñas naciones insulares de todo el mundo son los que mayor riesgo de devastación corren debido a las repercusiones climáticas. El Caribe se ha visto especialmente afectado, puesto que la zona ha experimentado un calentamiento progresivo con el paso del tiempo, produciéndose alteraciones en la frecuencia, duración e intensidad de las precipitaciones, así como un aumento de las tormentas tropicales y los huracanes y mayores concentraciones de contaminantes atmosféricos procedentes de otras partes del mundo. El promedio estimado de daños por catástrofes, en relación con el PIB, es seis veces mayor en los países del Caribe que en países más grandes, por lo que esta región es desproporcionadamente más vulnerable pese a que las emisiones de gases de efecto invernadero de estos países son mínimas. Únicamente entre 2020 y 2022, la región sufrió 175 catástrofes, y el impacto de estos cambios climáticos ha provocado un aumento de la inseguridad alimentaria de entre un 15% y un 20%.
Los factores de estrés medioambiental provocados por el cambio climático van a seguir agravando la inseguridad alimentaria y reduciendo la soberanía alimentaria, además de repercutir negativamente en los grupos más vulnerables de la sociedad.
Toda acción o solución climática debe priorizar, impulsar e involucrar a las comunidades más afectadas para promover la equidad y la justicia medioambiental. Habida cuenta de sus experiencias con las repercusiones del cambio climático y la injusticia medioambiental, estas comunidades disponen de una perspectiva crucial en lo que a soluciones climáticas se refiere y deben estar al frente de las acciones contra el cambio climático, tanto dentro como fuera de los edificios escolares y lugares de trabajo.
Todos los y las estudiantes, familias y educadores y educadoras merecen poder vivir en comunidades seguras, resilientes, sanas y sostenibles.
El alumnado y los educadores y las educadoras merecen condiciones de aprendizaje y de trabajo que no menoscaben su salud ni su capacidad para enseñar y aprender.
Todas las personas y comunidades –incluidas las comunidades indígenas, las comunidades de color y las comunidades con escasos recursos– tienen derecho a protección y aplicación igualitarias de las leyes y normativas medioambientales y a no sufrir injusticias medioambientales.
El cambio climático repercute considerablemente en la educación, perturbando anualmente el proceso de aprendizaje de más de 40 millones de niños y niñas. Sin embargo, las soluciones climáticas a gran escala suelen pasar por alto el papel que puede desempeñar la educación. Los educadores y las educadoras y el sector de la educación pueden emprender acciones de mayor envergadura para promover las soluciones climáticas mediante la preparación de su alumnado para liderar un futuro sostenible, mediante la lucha por soluciones frente al cambio climático y por la seguridad medioambiental, y mediante inversiones en infraestructuras escolares seguras y sostenibles para todo el alumnado sin perder de vista los costes energéticos y medioambientales.
El 10º Congreso Mundial pide a la IE y a sus organizaciones miembros:
Que manifiesten su apoyo a favor de:
El fomento de la justicia climática y medioambiental para todos y todas, especialmente para las comunidades más afectadas por las consecuencias adversas del cambio climático, en particular las comunidades indígenas, las comunidades de color, las niñas y las mujeres, las personas con discapacidad y las comunidades urbanas y rurales con escasos recursos;
el derecho de todos los y las estudiantes y educadores y educadoras a aire y agua limpios;
el acceso necesario a aire y agua limpios;
los derechos de los pueblos indígenas y sus tierras;
el desarrollo y la utilización de energías renovables en las comunidades escolares;
un esfuerzo mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en consonancia con el Acuerdo de París (COP21, por sus siglas en inglés).
Que presionen a los y las responsables políticos y educativos para que:
reconozcan las desigualdades medioambientales existentes en nuestras escuelas y comunidades, que están afectando a la capacidad de aprendizaje de los y las estudiantes, y den prioridad a estos y estas estudiantes y comunidades en el marco de las soluciones políticas;
financien iniciativas de educación verde para concienciar y promover medidas de resiliencia para niños/niñas y jóvenes;
se asocien con organizaciones internacionales para promover campañas de educación verde;
combatan cualquier intento de introducir en la educación visiones simplistas, oportunistas u aprovechadas de la realidad que en muchas ocasiones pueden ocultar intereses empresariales o desviar la justicia climática hacia soluciones individuales;
den prioridad a las comunidades con menos recursos y a las comunidades de color a la hora de invertir en infraestructuras escolares para construir edificios y terrenos escolares sostenibles;
reduzcan la huella medioambiental y las emisiones de gases de efecto invernadero de las escuelas;
mejoren la calidad del aire y del agua en el interior de las escuelas y comunidades circundantes;
dejen de utilizar combustibles fósiles, utilicen fuentes de energía renovables y apuesten por economías sin emisiones de carbono;
apoyen el uso saludable y sostenible de los alimentos;
apoyen a las escuelas en la adaptación y el desarrollo de resiliencia a los cambios del clima;
garanticen que las nuevas infraestructuras escolares se construyan de forma sostenible y se diseñen adecuadamente para que puedan soportar las repercusiones climáticas;
garanticen que las escuelas existentes se adapten para que puedan soportar las repercusiones climáticas (por ejemplo, inundaciones, calor extremo), especialmente en zonas de elevada vulnerabilidad climática;
pongan en marcha sistemas que garanticen que los y las estudiantes estén adecuadamente preparados/as para los empleos verdes del futuro;
apoyen a los educadores y las educadoras para que involucren al alumnado en el aprendizaje sobre el cambio climático, sus causas, consecuencias y soluciones, con el fin de proporcionar a todos y todas una educación de calidad en materia de cambio climático;
garanticen que las opiniones de las comunidades más afectadas por el cambio climático ocupen un lugar destacado en la toma de decisiones, y hagan hincapié en la importancia de los sistemas de conocimientos indígenas;
garanticen una transición justa en la educación salvaguardando la salud, seguridad y bienestar laboral de los educadores y las educadoras y reforzando la protección social;
hagan campañas contra los planteamientos conservadores y neoliberales de las políticas sobre cambio climático, que no harían sino agravar la dependencia de la deuda y la inseguridad alimentaria en las regiones necesitadas, con el fin de que un mayor número de niños y niñas pueden acceder a oportunidades educativas;
apoyen la investigación sobre las evaluaciones de impacto en lo que respecta a los efectos del cambio climático en los sindicatos de la educación y sus miembros en las regiones necesitadas;
colaboren con los sindicatos de la educación a la hora de determinar políticas para fomentar la justicia climática y medioambiental en la educación.
Que defiendan y ejerzan el poder sindical para promover la justicia climática y medioambiental entre sus propios miembros.
Que reclamen una transición justa en el sector de la educación y tengan en cuenta el impacto del cambio climático en los trabajadores y las trabajadoras de la educación a la hora de participar en la negociación colectiva y el diálogo social.
Que promuevan la desinversión en combustibles fósiles por parte de los sindicatos, los fondos de pensiones de los educadores y las educadoras y las instituciones educativas.
Que promuevan operaciones verdes y medioambientalmente sostenibles y programas de resiliencia al cambio climático.
Que ayuden a otras organizaciones miembros a reproducir buenas prácticas a escala sistémica.
Que insten a las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a los Gobiernos y a los socios estratégicos a colaborar con los sindicatos de la educación para identificar o desarrollar programas integrales que fomenten la justicia climática y medioambiental en el contexto de las comunidades escolares circundantes.
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